La ley del "Sí es sí", todos sus errores

Últimamente, con la espectacular oleada de movimientos feministas que no paran de surgir uno tras otro, se está tratando de generar una igualdad entre ambos géneros. Pero, para lamento general, este objetivo no es tan sencillo de alcanzar como parece. La sociedad actual tiene muchos valores implantados por varios años de historia en los que el género masculino siempre se ha impuesto sobre el femenino, y en muchos casos, las soluciones que proponen algunos de los colectivos que se supone que buscan alcanzar esa igualdad de género, terminan por desnivelar la balanza en favor de las mujeres, perdiendo completamente el rumbo de lo que debería ser su principal objetivo. Y todo esto, contando con una variable inamovible que muchas personas se niegan a aceptar, y es que, por mucho que tratemos de obviarlo, hombres y mujeres no somos iguales biológicamente.

Pero no nos desviemos. Todo esto viene porque el ministerio de igualdad, regido por una de las más polémicas portavoces de los grupos feministas, Irene Montero, ha implantado una nueva ley que trata de abordar el tema de los abusos sexuales de una forma más efectiva, que castigue con más consistencia a los criminales y proteja de una forma más eficiente a las víctimas. Entonces, ¿qué ha sido lo que cambiado esta nueva ley? Muy simple, desde su aplicación, todos los delitos de abuso sexual pasan a ser categorizados como agresión sexual. Varios participes de que esto haya llegado a suceder son sucesos como el caso de "la manada", que terminaron siendo considerados como un abuso, y no una agresión, debido a la ausencia de violencia durante el incidente.

Esta nueva reestructuración de la ley, supone una variación en cuanto a las horquillas de años de condena que pueden sufrir los delincuentes juzgados. Es decir, aquellos casos que anteriormente eran considerados como abusos pueden llegar a tener penas mayores, mientras que los antiguos delitos que habían sido considerados como agresiones (con intimidación y violencia), pueden llegar a tener condenas un poco menores. Es decir, dentro de la nueva horquilla que genera la unificación de estos delitos, entra a disposición de cada caso el valorar las circunstancias agravantes o atenuantes para dictar una sentencia correspondiente a cada situación.

Esto, de por sí, podría llegar a suponer una variación en las condenas que modificara tanto en alza como en baja la duración de las penas de los presos ya juzgados, pero aquí es donde entra en juego un principio jurídico que da un giro completo a esta legislación. Tal y como dicta la expresión en latín, "In dubio, pro reo". Esta frase viene a significar que ante la duda, la resolución será en favor del acusado. Y así lo marca la justicia española, que ofrece un principio de irretroactividad penal que supone que solamente las nuevas leyes que beneficien al preso deben ser aplicadas.

Pero claro, hecha la ley, hecha la trampa. No es la primera vez que se modifica el código penal, y para evitar que de la noche a la mañana varios presos terminen beneficiándose de dichas modificaciones para dar sus condenas por finalizadas, se hace uso del siguiente párrafo que impide de forma absoluta las rebajas en las condenas indeseadas:

"En las penas privativas de libertad no se considerará más favorable esta ley cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo a esta reforma del código". Es decir, que una pena de cárcel ya sentenciada no se rebaja si esa condena también es posible con la nueva horquilla.

Tal y como explicamos, esta disposición transitoria ha sido incorporada al código penal múltiples veces. Cada nueva reforma de éste ha incluido un párrafo igual o de similares funciones, llegando a convertirse en una herramienta legislativa de lo más común. El problema reside en que la ley del "sí es sí" no lo incluyó. Este simple error de redacción ha provocado que las variaciones producidas en las condenas ya dictadas sean tanto en favor como en contra de los presos, dependiendo de cada caso, y no solo endureciendo las penas, tal y como el Gobierno de España y el Ministerio del Interior se habían llenado la boca en sendas ruedas de prensa donde afirmaron con rotundidad que esta nueva legislación no supondría en ningún momento una rebaja de las penas ya existentes. De hecho, para más inri, y una vez cometida la cagada, todavía tienen el descaro de continuar afirmándolo, acusando a la sociedad y al colectivo de los jueces de tener una actitud machista, en lugar de aceptar el error y subsanar el fallo cometido. Una vez más, parece que el argumento de "es que eres machista" sirve de estandarte en otra nueva guerra de forma completamente ridícula y sin sentido que lo único que termina por hacer, es restarle fuerza a los verdaderos casos en los que debería de hondear para combatir auténticas injusticias.

En un intento desesperado de poder reafirmarse en el auto convencimiento, los partidos implicados en la reforma de la ley, han llevado el caso al Tribunal Supremo, quien ya ha fallado en contra del “si es si”, confirmando que los presos que soliciten una revisión de condena, tienen pleno derecho a disponer de ella, tal y como marca la legislación. El tema es, que incluso aunque se corrigiese dicha legislación para incluir esa disposición transitoria que tanto revuelo ha generado, esta acción no serviría como parche frente a todas las sentencias en proceso de revisión, puesto que los delincuentes disponen del derecho de acogerse a la ley más beneficiosa para ellos (que en este caso, es la ley del "sí es sí"). Según hemos sabido, uno de los miembros de "la manada" que fue condenado, ya ha anunciado que va a recurrir su condena, lo cual resulta completamente irónico si recordamos que esta reforma penal fue elaborada con la intención de endurecer los castigos debido a sucesos como el de "la manada".

Es obvio que el fallo no debería atribuirse solamente al Ministerio de Igualdad. Obviamente, que el error parte desde ahí, pero también pasa por muchos otros organismos que o bien no se han percatado de dicha errata, o han preferido hacerse los locos y dejar que el proceso continuara de forma errónea. Sea como fuere, Nadie destacó este detalle ni en el Ministerio de Justicia, ni en el Consejo de Estado, ni en el Consejo Fiscal, ni mucho menos, entre los 205 diputados que aprobaron esta ley en el propio Congreso. Los cuales estoy seguro de que la mayoría ni se han leído la propia ley.

Ahora, con el respectivo juego de tronos correspondiente a esta situación provocada por la ley del "sí es sí", se ha generado otra nueva brecha entre los partidos de la ya de por sí fracturada izquierda política, donde Podemos continua con su discurso de que el colectivo de los jueces está actuando de forma unilateralmente machista, mientras que otros personajes públicos como Yolanda Díaz han optado por desmarcarse ligeramente de esa conducta infantil del "todo siempre es culpa tuya". Hecho que no ha sido bien recibido por el partido morado, o tal vez debería decir directamente por el propio Pablo Iglesias, que una vez más nos demuestra que continua con un pie metido dentro del partido, emitiendo unas declaraciones por sus redes sociales donde, de forma indirecta acusa a Yolanda Díaz de adoptar una actitud, según palabras suyas, "miserable, cobarde y estúpida", en lugar de hacer frente común junto a Irene Montero. Por su parte, obviamente, el sector de la derecha política se está frotando las manos ante un escenario de negligencia protagonizado por el propio Gobierno que además, les sirve para revolucionar el gallinero y hacer que la pasada polémica de Ayuso y la sanidad caiga en el olvido (me resulta gracioso referirme como pasada cuando apenas ha transcurrido una semana desde las últimas novedades en el tema), y todo ello, a tiempo para la próxima campaña electoral.